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lunes, 20 de agosto de 2007

Divorcio, Exequátur, Inscripción en Chile, Efectos de Divorcio Declarado en el Extranjero, Suiza


Sentencia Corte Suprema

Santiago, veintitrés de julio de dos mil dos.

Vistos:

A fojas 14, don Sergio Rojas Covarrubias, abogado, domiciliado en Almirante Lorenzo Gotusso 142, Santiago, en representación de don Rolando Waldo Sapiain Soto, chileno, conductor, del mismo domicilio anterior, solicita que se conceda el exequatur necesario para cumplir en Chile la sentencia dictada el 29 de junio de 1999, por el Tribunal de Distrito de Zurich, Octava Sala en la causa Rol Nº U/CE981657, cuya copia se agregó a fojas 9 y siguientes, debidamente legalizada, sobre divorcio del matrimonio celebrado con doña Evelyn Bessy Wetter Uribe, chilena, asistente de hotelería, domiciliada en Rieterstr 77, 8002, Zurich, Suiza.

Se ordenó dar conocimiento de la solicitud a la parte de doña Evelym Bessy Wetter Uribe quien, a fojas 19, evacuó el traslado conferido.

A fojas 24 rola el certificado de matrimonio de cuyo divorcio se trata.

La Sra. Fiscal en su dictamen de fojas 27 informó que, en su opinión, no procede dar lugar al exequátur solicitado.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º.- Que, entre Chile y Suiza no existe tratado sobre cumplimiento de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros, y los antecedentes no permiten aplicar lo dispuesto en los artículos 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se debe recurrir a lo señalado en el artículo 245 del Código citado, que señala los presupuestos bajo los cuales se puede permitir el cumplimiento en Chile de sentencias dictadas en otros países.

2º.- Que lo preceptuado en la última norma legal citada tiene por objeto que las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros tengan la misma fuerza que si se hubieren dictado por tribunales chilenos, con tal que no contengan nada contrario a las leyes de la República, no se opongan a la jurisdicción nacional, que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción y, que estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas, requisitos que reúne la sentencia cuyo cumplimiento en Chile se solicita.

Y de conformidad con lo expuesto y citas legales, se concede el exequátur solicitado en lo principal de fojas 14, solo en cuanto, se declara que procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia de divorcio entre don Rolando Waldo Sapiain Soto y doña Evelyn Wetter Uribe, dictada el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el Tribunal de Distrito de Zurich, Octava Sala, en los autos Rol Nº U/CE981657, con la salvedad que ninguno de ellos puede contraer matrimonio en Chile mientras viviere el otro cónyuge.

Practíquense las subincripciones que correspondan en el Servicio de Registro Civil.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Rodríguez, quien estuvo por no dar lugar al exequátur en virtud de los siguientes fundamentos:

1º.- Que los artículos 242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil regulan los trámites judiciales que han de cumplirse en Chile para que resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros puedan tener fuerza, ejecutarse o cumplirse en nuestro país, según los distintos términos usados por aquellas normas; y ello lleva consigo, obviamente, que tales resoluciones puedan tener efectos en Chile;

2º.- Que en el caso de autos se pretende que tenga fuerza, se ejecute, cumpla y pueda tener efectos en Chile una sentencia dictada por Tribunal de Distrito de Zurich, que declaró el divorcio de un matrimonio que habiendo sido celebrado fuera del país, se inscribió en Chile conforme con lo permitido por el artículo 4º Nº 3º, de la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, para que produjera efectos en nuestro país conforme al artículo 15, inciso 1º, de la Ley de Matrimonio Civil;

3º.- Que el artículo 15 de nuestro Código Civil prescribe que los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, permanecerán sujetos a las leyes patrias que regulan las obligaciones y derechos civiles en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile;

4º.- Que la Ley de Matrimonio Civil vigente en nuestro país sólo permite que el matrimonio se disuelva por la muerte natural de uno de los cónyuges y por la declaración de nulidad pronunciada en Chile, por autoridad competente, salvo el caso excepcional de muerte presunta de uno de los cónyuges. Según dicha ley, el divorcio no disuelve el matrimonio, sino que suspende la vida común de los cónyuges;

5º.- Que el artículo 121 del Código Civil prescribe que el matrimonio que según las leyes del país en que se contrajo pudiera disolverse en él, no podrá, sin embargo, disolverse en Chile, sino en conformidad a las leyes chilenas;

6º.- Que, en consecuencia, no puede admitirse que tenga efectos en Chile la sentencia cuyo exequátur se solicita, porque contraviene las leyes de la República al disolver el matrimonio de chilenos en forma no permitida por nuestra legislación, a la que dichos contrayentes han estado sujetos;

7º.- Que puede advertirse, a mayor abundamiento, que el artículo 4º de la Ley 4.808 no admite la inscripción en Chile de sentencias de nulidad matrimonial de chilenos dictadas en el extranjero, porque si así fuere, tales sentencias surtirían efectos en Chile si el exequátur correspondiente lo permitiere;

8º.- Que de lo antes expuesto fluye que el alcance del artículo 120 de nuestro Código Civil no puede incluir el matrimonio de chilenos que se disuelva en territorio extranjero en conformidad a las leyes del mismo país, porque tales cónyuges permanecen sujetos a la legislación patria, sin poder contraer nuevo matrimonio en Chile y en ningún otro país, mientras subsista el matrimonio anterior de acuerdo a la legislación nacional. Si no se entendiere así, resultaría que habría tenido efectos en Chile tanto el matrimonio de chilenos contraído en el extranjero como su disolución dictada también en el extranjero, con lo cual quedaría hábil para contraer eventualmente nuevo matrimonio en el extranjero y luego obtener que este nuevo matrimonio tuviera efectos en Chile, lo que es opuesto al ordenamiento legal a que están sujetos los chilenos sobre la materia;

9º.- Que, consecuentemente, al no cumplirse en el caso de autos con lo que exige la circunstancia primera del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, no puede hacerse lugar al exequatur solicitado.

Regístrese y archívese.

Nº 4046-01.

30519

martes, 24 de octubre de 2006

Cese de la convivencia aparece de las declaraciones contestes de los cónyuges y época de demanda de alimentos. Relevancia contradicción de testimonial

El cese efectivo de la convivencia conyugal aparece prolongado por más de tres años, siendo irrelevante las contradicciones de los testigos, que no alteran dicha conclusión. La lógica y las máximas de experiencia permiten arribar a lo mismo, una pareja que está conteste en señalar que se casaron en el año 1992, que vivieron junto sólo seis años y que al demandar la mujer de alimentos el año 2000 dan distintos domicilios, informándose que él tiene una nueva pareja con la que vive en Curicó, es demostrativo que ha cesado su vida en común y que ese cese se prolonga desde hace mas de tres años. Considerando 3º sentencia Corte Apelaciones.

Sentencia Corte Apelaciones
Talca, cinco de septiembre de dos mil seis.-

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos duodécimo, decimocuarto, decimoquinto, decimoséptimo y decimoctavo que se eliminan.

Y teniendo en su lugar presente:

Primero: Que para dar por acreditada la cesación efectiva de la convivencia conyugal por mas de tres años, está la confesión de la demandada, quien al cierre de la audiencia, como lo de a asentado el juez de la instancia, reconoció que la convivencia cesó hace tres años, reafirma lo anterior la convención probatoria acordada por las partes en cuanto a que la convivencia común duró 6 años, por lo que como contrajeron matrimonio el 12 de septiembre de 1992, ella cesó el año 1998, así las cosas al presentarse la demanda el año 2005, habían transcurrido mas de tres años de cese de esa convivencia conyugal.

Segundo: Que lo mismo se desprende de la causa rol n° 73-2000, de alimentos, caratulada Rosa Correa Reyes con Horacio Baeza Ramírez, en ella consta que la actora, el 24 de mayo de 2000, domiciliada en Avenida 11 de Septiembre s/n de la comuna de Hualañé, demanda de alimentos a su cónyuge, domiciliado en calle Garcés Gana n° 272 de la misma comuna, lugar donde se le notifica la demanda. Es decir a la fecha de interposición de dicho acto procesal, las partes de este juicio no vivían juntos, lo que hace presumir que desde esa fecha cesaron su vida en común. Mas aún en el informe social que se lee a fojas 23 de la causa tenida a la vista, con timbre de cargo de 8 de febrero de 2001, aparece que el demandado vive en la ciudad de Curicó en compañía de una nueva pareja.

Tercero: Que apreciados, conforme a las reglas de la sena crítica, los elementos de convicción antes referidos permiten concluir que el cese efectivo de la convivencia conyugal entre las partes de este juicio de divorcio se ha prolongado por mas de tres años, siendo irrelevante las contradicciones de los testigos, que no alteran dicha conclusión. La lógica y las máximas de experiencia permiten arribar a lo mismo, una pareja que está conteste en señalar que se casaron en el año 1992, que vivieron junto sólo seis años y que al demandar la mujer de alimentos el año 2000 dan distintos domicilios, informándose que él tiene una nueva pareja con la que vive en Curicó, es demostrativo que ha cesado su vida en común y que ese cese se prolonga desde hace mas de tres años.

Conforme a lo razonado y lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley n° 19.968, se revoca la sentencia apelada de tres de mayo de este año, que se lee de fojas 46 a 49 vuelta, en cuanto a la parte que no da lugar al divorcio y mantiene el régimen matrimonial, en su lugar se declara que se accede a la demanda de divorcio deducida, a fojas 5, por don José Horacio Baeza Ramírez en contra de Rosa Elcira Correa Reyes, con lo cual se pone fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se fundaba en la existencia de ese matrimonio, sin costas.

Practíquense las inscripciones y subinscripciones que correspondan.

Redacción del Presidente de la Segunda Sala, Ministro don Rodrigo Biel Melgarejo. No firma el Ministro señor Meins no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

Regístrese y devuélvase conjuntamente con la causa tenida a la vista.

NÚMERO ÚNICO: 26287